Campaña contra Next y Superdry por los salarios adeudados a sus trabajadores en Camboya

Madrid – La organización británica defensora de los derechos laborales de los trabajadores del textil y de la confección, a una escala global, Labour Behind The Label (LBL), mantiene puesta en marcha una decidida campaña dirigida contra las compañías multinacionales minoristas, con sede en Reino Unido, Next y Superdry. Empresas ambas a las que les reclaman el que, de manera solidaria, contribuyan a abonar los salarios pendientes de pago que les faltaron por ser abonados al conjunto de los trabajadores de la fábrica camboyana Wai Full Textiles, antes de que esta terminase cerrando sus puertas como consecuencia de los efectos de la pandemia por coronavirus.

Tratando de denunciar públicamente este nuevo caso sobre el abuso laboral al que se vieron sometidos el conjunto de los trabajadores del textil como consecuencia de la irrupción de la pandemia por coronavirus, y de las decisiones adoptadas como respuesta por el conjunto de las grandes multinacionales del sector, desde donde se afanaron por entonces en paralizar todas sus compras a gran parte de sus proveedores en terceros países, dejando con ello vendidos a buena parte de los trabajadores —precisamente a los más vulnerables— que forman parte de su cadena de valor, desde LBL han querido salir a relatar los hechos que afectaron, y siguen afectando, a los antiguos trabajadores de la fábrica textil camboyana Wai Full Textiles. Compañía desde la que, a fecha de enero de 2021, en plena pandemia por coronavirus, empezaron a prescindir de sus trabajadores como respuesta a la caída del volumen de trabajo, y en lo que terminó provocando ya el cierre oficial de la fábrica en mayo de 2021. Un proceso para el que los trabajadores aún en plantilla terminaron por recibir, a modo de contraprestación, una pequeña cantidad en concepto de pago por sus vacaciones anuales, pero dejando la empresa cerca de unos 500.000 dólares en salarios pendientes de abonar antes de su cierre.

Siguiendo con el transcurso de los hechos, tal y como los recogen desde LBL, ya por entonces desde el sindicato camboyano Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU) se pusieron en contacto con los trabajadores afectados, poniendo en marcha una campaña dirigida a forzar el que los empleados terminaran recibiendo los pagos que se les adeudaban. Una tarea que se terminó mostrando más compleja si cabe de lo que ya se esperaba, después de que la empresa propietaria de la fábrica Wai Full Garments se declarase en quiebra y disolviese todos sus activos, al igual que alcanzase a hacer, escasamente unos meses después, su empresa matriz, radicada en la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Punto para el que los trabajadores, a través de la organización sindical, pasaron ya a poner el foco en el conjunto de las marcas para las que habían venido confeccionando sus prendas, como única vía que entendían que podría valerles para la hora de que se les abonaran los salarios pendientes.

Siguiendo por este camino, ya para el otoño de 2021, y en nombre del conjunto de los trabajadores afectados, desde LBL se pusieron en contacto con las minoristas británicas Superdry, Next y Asos, para iniciar unas arduas negociaciones con el objetivo, primero de poder verificar los hechos y escuchar las reclamaciones del sindicato CATU, para posteriormente barajar distintas opciones legales. Unas circunstancias que terminaron desembocando en que, para el invierno de 2022, las marcas solicitaran acordar una suma confidencial a pagar a los trabajadores, abordando también para ello la vía con la que poder garantizar el que finalmente se les podría hacer llegar. Siendo este un acuerdo del que finalmente tanto Next como Superdry terminaron por decidir descolgarse, alegando para ello, apuntan desde LBL, el que creían que no fuera su deber tener que hacer frente al pago de los salarios de unos trabajadores, que, cierto es, nunca habían formado parte directa de sus propias estructuras, sino de las de terceros. Motivo este por el que desde LBL, y a la vista de que las negociaciones parecen haberse cerrado irremediablemente y de manera unilateral, se decidían a poner en marcha este mismo mes de agosto una campaña en contra de ambas multinacionales minoristas. Campaña que todavía se mantiene en marcha, y frente a la que ni desde Next ni desde Superdry nos consta que hayan respondido de manera formal.

El objetivo de esta iniciativa, explican desde LBL, pasa por “pedir a Next y Superdry que cambien de opinión y contribuyan a la suma se les debe a los trabajadores de Wai Full”. “Si bien esta campaña puede tratar sobre un pequeño grupo de trabajadores y sobre su lucha por hacer justicia, esta batalla de estos desamparados también es representativa de la enorme injusticia que el Covid ejerció contra las mujeres de color que se encuentran en la parte más baja de las cadenas de valor a escala mundial, y a las que se les adeudan miles de millones en salarios y pagos”. Y es que “si bien la moda”, como industria, ha logrado a lo largo de este tiempo “minimizar sus pérdidas y seguir adelante”, fueron los trabajadores los que “tuvieron que pagar el precio”, una vez más. Por lo que “este pequeño caso” no deja de ser “sintomático”, subrayan, “de la lucha más amplia por la justicia de los casos derivados del Covid”.

El deber de las marcas hacia los empleados de sus cadenas de valor

Tratando de adelantarse a las posibles respuestas que públicamente pudieran terminar por ofrecer desde Next o Superdry, y haciéndolo además frente a las posturas desde las que ya han buscado justificar su decisión de salirse del preacuerdo alcanzado en 2022, desde LBL han querido igualmente salir de manera pública a mostrar su argumentario sobre el por qué las marcas deberían pagar las cantidades que se les reclaman, tanto en otros, como en este caso concreto que ahora nos ocupa. Un punto para el que sostienen el que las firmas y compañías multinacionales que se deciden por externalizar su producción y llevarla a terceros países y a las fábricas en propiedad de socios proveedores, no pueden simplemente lavarse las manos cuando surgen dificultades, debiendo en contra de demostrar el que han tratando en todo momento de proteger a las personas y a los trabajadores que forman parte de sus respectivas cadenas de valor, tal y como recogen sus códigos empresariales de buenas prácticas. Incidiendo en este aspecto el que, además y de una manera preferente, deben garantizar la toma de medidas desde las que remediar los efectos que sus operaciones y decisiones puedan provocar en terceros, como lo habría hecho al acordar paralizar de manera unilateral sus acuerdos comerciales como consecuencia de la irrupción de la pandemia por coronavirus.

“Aquí está la parte más complicada”, añaden a este respecto desde LBL, y es que “como no hay ninguna transparencia financiera, los trabajadores no cuentan con los registros financieros que demuestren el que, al retirarse de la fábrica, el grupo de marcas en este caso ‘causó o contribuyó’ al cierre de la fábrica”. “Para nosotros está bastante claro el que durante la pandemia, cuando dejaron de tramitar pedidos, esto contribuyó a la decisión de la fábrica de cerrar y no pagar a sus trabajadores”, pero “como no podemos demostrarlo, las marcas dicen que no tienen el deber de brindar ninguna reparación a los trabajadores”. Pero “¿por qué los trabajadores deberían quedarse sin nada?”, se preguntan desde LBL. En respuesta, “creemos que las marcas deberían al menos contribuir al dinero que se les debe a los trabajadores como una declaración de principios”, y que estos “deberían recibir el salario y la indemnización que les corresponden legalmente mientras haya durado su empleo”. Porque “al final, si las marcas no pagan”, estos “trabajadores se quedarán sin nada, y eso no está bien”. “Deberían pagar porque es lo correcto”, sentencian, y más aún, añadimos desde estas líneas, teniendo en cuenta que se les estaría pagando por un trabajo que ya han realizado, y por el que se han beneficiado las marcas a las que ahora se les están elevando estas reclamaciones.